Cuatro senadores y siete representantes a la Cámara, del Polo Democrático y Alianza Verde, exigieron la inmediata renuncia del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tras denuncias sobre abuso y acoso formuladas por Astrid Helena Cristancho.

“Atendiendo a las graves denuncias relacionadas con hechos que presuntamente configuran delitos de violencia sexual contra una de sus trabajadoras, aprovechando su autoridad y cargo, hechos que se suman a denuncias anteriores sobre acoso laboral y malos tratos a sus subordinados, partiendo de la especial dignidad que entraña el nombre y el ejercicio de quien preside la principal institución del Estado colombiano, encargada de la defensa de los derechos humanos, y reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en especial de la defensa de una vida libre de violencia, de manera conjunta y categórica le solicitamos su renuncia inmediata del cargo”, sostienen los once congresistas.

“Ya las primeras denuncias por un presunto acoso laboral a sus empleados debió ser suficiente para que renunciara y para que las autoridades competentes iniciaran las respectivas investigaciones”, recalcan en la misiva dirigida al Defensor.

Sostienen que “su permanencia en la Defensoría del Pueblo quebranta la credibilidad de la institución y refuerza imaginarios patriarcales que, como servidoras y servidores y públicos, debemos luchar por desmontar. Usted debe preparar su defensa y contar con todas las garantías para ello. Al tiempo que debe considerarse que la violencia contra las mujeres es un problema que se ha pretendido enmarcar históricamente en la esfera privada, como estrategia para alejar todo reproche social de los actos que en este ámbito se producen, sin embargo, en el plano internacional y dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es claro que la violencia contra las mujeres se configura a partir de cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Violencia siempre reprochable, que puede considerarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”.

En este marco, recalcan, “el Congreso de la República no puede ser ajeno a los hechos que se han presentado en su caso y en consecuencia, requerimos a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones más drásticas, en caso de ser responsable de las conductas mencionadas”.

Del mismo modo, solicitan que se brinden todas las garantías de atención psicosocial, jurídica y de seguridad a las personas que han formulado las correspondientes denuncias.

La petición está firmada por los senadores Iván Cepeda Castro, Alberto Castilla, Jorge Robledo y Claudia López, así como los representantes Alirio Uribe, Víctor Correa, Angela María Robledo, Angélica Lozano, Ana cristina Paz, Inti Asprilla y Oscar Ospina.